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Introducción

La invasión de Ucrania por Rusia desencadenó un extenso régimen de sanciones de la Unión Europea contra personas físicas y jurídicas vinculadas al régimen ruso.

Estas medidas restrictivas incluyen la congelación de activos (fondos y recursos económicos) de los sancionados y la prohibición de poner fondos a su disposición, directa o indirectamente.

Este marco legal plantea interrogantes sobre cómo ejecutar sentencias judiciales y laudos arbitrales comerciales cuando una de las partes está sancionada, ya sea como acreedora (a su favor) o como deudora (en su contra).

A continuación, se analiza la base jurídica de estas restricciones, ejemplos recientes, obstáculos procesales/doctrinales y consideraciones prácticas para tribunales y árbitros al enfrentar la ejecución en tales circunstancias.

Base jurídica de las restricciones de la UE

El régimen de sanciones de la UE derivado del conflicto en Ucrania se basa en decisiones y reglamentos del Consejo que son de aplicación directa en todos los Estados miembros.

Destacan la Decisión 2014/145/PESC y el Reglamento (UE) 269/2014, ambos del 17 de marzo de 2014, promulgados tras la anexión de Crimea.

Estas normas, junto con sus sucesivas modificaciones y paquetes de sanciones posteriores a 2022, congelan todos los fondos y recursos económicos pertenecientes o controlados por las personas y entidades designadas, e impiden poner cualquier fondo o recurso económico a disposición de dichas personas o en su beneficio.

En términos prácticos, ningún pago, transferencia u otro beneficio económico puede realizarse a favor de un sancionado mientras dure la medida.

Las exenciones o derogaciones previstas por la propia normativa permiten ciertos actos con fondos congelados, pero bajo estrictas condiciones y con autorización previa de la autoridad competente de cada Estado miembro.

En particular, el artículo 5 del Reglamento 269/2014 faculta a las autoridades a autorizar la liberación de fondos congelados para dar efecto a decisiones judiciales o arbitrales, siempre que se cumplan todos estos requisitos acumulativos:

• Origen de la decisión: que los fondos o recursos objeto de la ejecución provengan de una decisión arbitral anterior a la inclusión del sancionado en la lista, o de una resolución judicial o administrativa dictada en la UE (o ejecutiva en un Estado miembro) dictada antes o después de la fecha de la sanción. (Nótese que la normativa distingue entre laudos arbitrales –que deben ser previos a la sanción– y sentencias judiciales de la UE, que pueden ser posteriores, lo cual genera un trato diferenciado criticado por juristas)
• Destino de los fondos: que los fondos liberados se utilicen exclusivamente para satisfacer las reclamaciones reconocidas en dicha decisión (por ejemplo, pagar la cantidad ordenada por la sentencia), sin exceder lo establecido por las leyes aplicables sobre los derechos de los acreedores.
• Beneficiario final: que la decisión no beneficie a ninguna persona o entidad que figure en la lista de sancionados. Es decir, la autorización no procederá si el pago beneficiaría al propio sancionado, pues ello equivaldría a poner fondos a su disposición en contra de la prohibición central del régimen.
• Orden público: que el reconocimiento o ejecución de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro en cuestión. Esta cláusula salvaguarda la potestad de los tribunales de denegar ejecuciones que vulneren principios jurídicos fundamentales, dentro de los cuales se incluye el respeto a las sanciones internacionales como política pública.

Adicionalmente, el Reglamento 269/2014 prevé ciertas operaciones automáticas con fondos congelados.

Por ejemplo, no prohíbe que un tercero deposite fondos en una cuenta congelada de un sancionado para cumplir una obligación, siempre que esos fondos queden inmovilizados en la misma cuenta inmediatamente.

Las entidades financieras deben informar sin demora a la autoridad competente sobre cualquier abono de este tipo a cuentas congeladas.

Ejecución de resoluciones a favor de personas sancionadas

Cuando la sentencia o laudo favorece a una persona sancionada (es decir, el sancionado es acreedor de una suma o remedio), surgen importantes limitaciones.

La regla general de la UE prohíbe entregar fondos o bienes al sancionado, de modo que incluso si un tribunal reconoce la validez de la reclamación, la ejecución material se ve bloqueada.

Los tribunales europeos deben verificar en cada caso que la ejecución o reconocimiento de un laudo no contravenga las sanciones vigentes, por ejemplo, permitiendo indirectamente que fondos lleguen a manos de un designado.

Esta verificación se realiza atendiendo a las circunstancias en la fecha en que se decide la ejecución, exigiendo indicios firmes de que dicha ejecución supondría una infracción del régimen de sanciones.

En la práctica, si la ejecución implicara pagar o transferir activos al acreedor sancionado, no se podrá completar libremente.

Dos escenarios son posibles bajo la normativa actual:

(1) que se deniegue el reconocimiento o la ejecución por considerarla contraria al orden público internacional (por violar las sanciones), o

(2) que el pago se consigne en una cuenta congelada del sancionado, cumpliendo formalmente la sentencia pero sin que el beneficiario pueda acceder a los fondos.

Este segundo escenario, contemplado en el artículo 7 del Reglamento 269/2014, permite al deudor liberarse de la obligación de pago depositando el dinero en la cuenta bloqueada del acreedor sancionado, con la garantía de que dicho monto permanece inmovilizado.

De este modo, se evita “ponerlo a disposición” efectiva del sancionado hasta que este sea eventualmente retirado de la lista o obtenga una licencia específica.

Por tanto, un acreedor sancionado se enfrentará a serias dificultades para lograr el fruto de una sentencia o laudo a su favor en territorio de la UE.

Las autoridades no autorizarán excepciones que le permitan el cobro mientras siga listado.

Desde la perspectiva del orden público europeo, hacer cumplir una resolución que ignore las sanciones equivaldría a vulnerar una norma imperativa, lo que justificaría su denegación.

En efecto, un laudo arbitral que otorgue un pago a un individuo sancionado podría considerarse contrario al orden público en un país sancionador (por no dar efecto a la sanción). Como señala la guía sobre la materia de la UIA, “un laudo… puede ser considerado contrario al orden público… por el país sancionador (cuando el laudo no da efecto a una sanción)”, lo que aplica justamente al supuesto de acreedor sancionado.

En suma, mientras la designación esté vigente, la ejecución en su favor estará virtualmente congelada – el sancionado sólo podría aspirar a que sus fondos queden depositados en custodia hasta nueva orden.

Ejecución de resoluciones contra personas sancionadas

En el caso opuesto, cuando la sentencia o laudo es en contra de una persona sancionada (es decir, el sancionado es el deudor obligado a pagar o a entregar activos), también surgen obstáculos, aunque de naturaleza distinta.

Aquí, el beneficiario del fallo no está sancionado, pero los activos con los que debería cobrar están congelados por ley. Esto significa que cualquier embargo, pago forzoso o transferencia desde el patrimonio del deudor sancionado requiere autorización para no vulnerar la prohibición de movilizar sus fondos.

La vía para posibilitar estas ejecuciones es solicitar a la autoridad competente (p. ej., Ministerio de Finanzas o Banco Central nacional) una licencia o derogación al amparo de las cláusulas del Reglamento 269/2014 antes descritas.

Dicha autorización sólo se concederá si se cumplen estrictamente las condiciones del artículo 5: en particular, que la resolución se dictó antes de la sanción (en caso de laudos arbitrales) o incluso después si es una sentencia de la UE, y crucialmente, que el sancionado no sea beneficiario sino obligado al pago.

Si el acreedor demuestra que su crédito deriva de una decisión judicial/arbitral válida y anterior (o no relacionada con la sanción) y que los fondos recuperados no irán al sancionado, la autoridad podrá autorizar liberar el importe exclusivamente para satisfacer esa deuda.

Además, la ejecución no debe suponer nada contrario al orden público nacional, aunque usualmente obligar a pagar una deuda legítima no lo sería, siempre que se respeten las sanciones.

Aun con este mecanismo, existen trabas prácticas.

• El Reglamento en su versión actual establece una diferencia temporal: si el deudor fue sancionado antes de emitirse el laudo arbitral, no es posible obtener autorización para liberar fondos con base en ese laudo. Esto ha sido criticado por generar una desigualdad frente a las sentencias judiciales (que sí podrían ejecutarse aunque la sanción fuera previa).

• De hecho, instituciones arbitrales europeas han alertado de un “riesgo significativo de obstáculo fáctico” para ejecutar laudos en tales casos. Esto significa que un acreedor con un laudo emitido después de que su contraparte fuera incluida en la lista de sanciones podría quedarse sin vía efectiva de cobro, al menos hasta que se reforme la normativa o se levanten las sanciones. Paradójicamente –como ha señalado la doctrina–, esto puede ocurrir incluso cuando el deudor es el sancionado, ya que se le impide pagar con sus fondos congelados, frustrando al acreedor no sancionado.

• En los casos en que sí procede la autorización (por ejemplo, laudo anterior a la sanción, o sentencia judicial europea), el proceso de ejecución se enlentece y complejiza. El acreedor normalmente deberá primero obtener el reconocimiento de la sentencia o laudo en la jurisdicción donde se encuentran los activos (si es extranjero), y luego solicitar la licencia a la autoridad nacional aportando las pruebas de que se cumplen las condiciones legales. Durante este tiempo, los activos permanecen congelados y no pueden entregarse. Solo una vez concedida la licencia, el embargo o pago podrá materializarse legalmente. Si la autorización es denegada, el tribunal no permitirá la ejecución, ya que obligaría a violar el Reglamento comunitario que es de aplicación preferente.

• No obstante, los acreedores han buscado soluciones creativas. En Irlanda, por ejemplo, se ha logrado que tribunales nombren administradores o liquidadores sobre empresas rusas sancionadas, lo que ha llevado a “descongelar” ciertos activos al romperse el control del sancionado sobre los mismos. En un caso de 2023 (GTLK Europe), el High Court irlandés consideró que la designación de liquidadores a una filial de empresa rusa rebatiía la presunción de control del sancionado, permitiendo excluir a la compañía de la lista y liberando activos para los acreedores. Este ejemplo refleja que, más allá de la ejecución singular de sentencias, existen vías concursales o estructurales para sortear parcialmente el efecto de las sanciones en la satisfacción de créditos, aunque dependen de las circunstancias y del criterio judicial.

Obstáculos procesales y doctrinales

La intersección entre sanciones y ejecución forzosa plantea cuestiones jurídicas complejas.

Un primer obstáculo es de naturaleza normativa: las sanciones de la UE actúan como normas de orden público de aplicación inmediata, lo que obliga a jueces y árbitros a considerarlas incluso si las partes no las han invocado.

• Por ejemplo, un tribunal que conozca de la ejecución debe analizar de oficio si cumplir la sentencia supondría infringir las restricciones internacionales, so pena de vulnerar el orden público comunitario.

• De igual modo, en sede arbitral se discute si los árbitros tienen el deber de dictar un laudo que sea ejecutable (y por tanto conforme a la legalidad vigente). Aunque no es obligatorio que el árbitro garantice la ejecución, es prudente que tome en consideración las sanciones como normas imperativas que podrían impedir la eficacia del laudo.

Un obstáculo doctrinal relevante ha sido la diferenciación entre decisiones judiciales y laudos arbitrales en el régimen de derogaciones.

Actualmente, una sentencia dictada por un órgano de la UE después de impuestas las sanciones puede dar lugar a una autorización de pago, mientras que un laudo arbitral en la misma situación no.

Como se ha indicado, esta dicotomía se ha debatido intensamente: las instituciones arbitrales han elevado cartas conjuntas a la Comisión Europea señalando la desigualdad de trato y solicitando clarificaciones o ajustes normativos.

Desde la perspectiva del arbitraje internacional, que un laudo no pueda ejecutarse por razones ajenas al mérito de la disputa (sino por el momento de la sanción) introduce incertidumbre jurídica y podría incentivar a partes sancionadas a demorar procedimientos para escapar del alcance del art. 5(1) del Reglamento 269/2014.

Otro escollo procesal es la necesidad de conjugar el deber de cumplimiento de sentencias (obligación de resultados de cosa juzgada) con el deber de cumplimiento de sanciones internacionales.

Los tribunales de los Estados miembros se encuentran en una posición delicada: deben velar por la efectividad de las resoluciones judiciales y arbitrales (muchas veces amparadas por tratados como la Convención de Nueva York de 1958), pero simultáneamente tienen el mandato legal de no permitir operaciones prohibidas por las sanciones de la UE.

Esto se traduce en posibles suspensiones o demoras en el trámite de ejecución, mientras se obtienen las licencias pertinentes o se clarifica la situación del sancionado.

Incluso, podría dar pie a litigios paralelos: por ejemplo, impugnaciones por parte del sancionado alegando fuerza mayor o ilicitud sobrevenida de la prestación, o por parte del acreedor alegando que la negativa a ejecutar vulnera sus derechos.

Hasta ahora, la balanza se ha inclinado a priorizar el cumplimiento riguroso de las sanciones, dada su naturaleza de orden público internacional.

Finalmente, existe el riesgo de incoherencias entre jurisdicciones.

Si un laudo o sentencia contra un sancionado no puede ejecutarse en la UE, el acreedor podría intentar en foros no sujetos a las sanciones (u obtener medidas en terceros países). Esto genera posibles tensiones de reconocimiento recíproco.

Asimismo, si en un futuro se levantan las sanciones, los acreedores podrían apresurarse a ejecutar en cuanto la persona salga de la lista, lo que exige a los tribunales estar preparados para desbloquear activos rápidamente y de forma coordinada con las autoridades financieras.

Ejemplos recientes relevantes

Diversos casos ilustran cómo se aplican estos principios en la práctica reciente, incluso más allá de las sanciones contra Rusia:

• Verificación judicial en Francia (caso DNO Yemen): En 2021, la Corte de Apelación de París examinó un laudo que condenaba a empresas occidentales a pagar daños al Ministerio de Petróleo de Yemen, cuyo titular estaba sujeto a sanciones de la UE:
  • El tribunal francés estableció que no procedía ejecutar el laudo si eso implicaba poner fondos, directa o indirectamente, a disposición de personas designadas en la lista de sanciones.
  • Ordenó verificar si los beneficiarios reales del pago podían estar controlados por individuos sancionados, rehusando la ejecución en caso de cualquier contravención de las medidas restrictivas.
  • Este caso (planteado al TJUE como asunto C-842/24) subraya la prioridad absoluta de las sanciones sobre la obligación de cumplir incluso un laudo arbitral internacional.
• Arbitraje y sanciones rusas (caso Stankoimport vs. Reibel, Suecia 2023): Un arbitraje administrado en Estocolmo enfrentó un contrato de exportación frustrado por las sanciones de la UE contra Rusia (Reglamento 833/2014).
  • En su laudo, los árbitros negaron indemnizaciones por lucro cesante al exportador ruso sancionado, considerando que habría supuesto obtener una ventaja de una transacción prohibida, pero sí ordenaron el reembolso del pago anticipado más intereses al comprador europeo.
  • La razón: devolver el dinero de un negocio no realizado simplemente restablecía el estado previo y no constituía un pago prohibido por el artículo 11 del Reglamento 833/2014.
  • Este laudo muestra cómo los árbitros intentan equilibrar el respeto a las sanciones con la equidad entre las partes. Sin embargo, la parte perdedora (Reibel) impugnó el laudo ante los tribunales suecos alegando que su ejecución violaría el orden público, cuestión también remitida al TJUE (asunto C-802/24).
• Licencias para acreedores no sancionados: En Irlanda, acreedores de empresas rusas sancionadas han acudido a los tribunales locales para reconocer sentencias extranjeras y luego tramitar una autorización conforme al artículo 5 del Reglamento 269/2014.
  • Un ejemplo es el caso de arrendamientos de aviones a compañías rusas estatales (JSC GTLK): los arrendadores obtuvieron órdenes judiciales y acto seguido solicitaron al Banco Central de Irlanda permiso para recibir los pagos debidos con cargo a activos congelados.
  • Estos casos, aunque no siempre publicitados, evidencian que las autoridades están recibiendo solicitudes de derogación y, bajo estricta supervisión, han permitido liberar fondos para cumplir decisiones judiciales en favor de terceros inocentes (no sancionados).
  • Eso sí, cada solicitud toma semanas o meses y requiere demostrar el encaje exacto en las excepciones legales.
• Respuesta institucional (Declaración conjunta 2023): Preocupadas por las dificultades en la ejecución de laudos, varias instituciones arbitrales europeas (SCC, DIS, VIAC, etc.) emitieron en enero de 2023 una declaración conjunta dirigida a la Comisión Europea.
  • En ella, señalaron la desprotección de los acreedores arbitrales cuando el deudor es sancionado tras iniciarse el arbitraje, instando a reformar el artículo 5(1)(a) del Reglamento 269/2014 para permitir excepciones también en esos casos.
  • Esta iniciativa demuestra la constante adaptación del marco legal sancionador para mitigar efectos no deseados sobre la resolución de disputas.

Consideraciones prácticas para tribunales y árbitros

Para los tribunales nacionales, la presencia de un régimen sancionador supone que la ejecución de sentencias y laudos ya no es un trámite puramente civil o mercantil, sino que involucra aspectos de cumplimiento regulatorio internacional.

En la práctica, los jueces deben:

• Comprobar de oficio las listas de sanciones y la posible implicación de las partes o beneficiarios. Si una parte está listada, el juez ha de condicionar o negar cualquier medida que suponga transferirle valor económico. Esta diligencia incluye analizar estructuras corporativas para detectar beneficiarios finales sancionados (por ejemplo, si el cobro podría ir a una filial controlada por un oligarca designado).
• Coordinar con las autoridades competentes del Estado miembro (normalmente los Ministerios de Hacienda o Economía) antes de ordenar transferencias de activos congelados.
  • Los jueces pueden requerir a los acreedores que obtengan la licencia pertinente y presentar evidencia de ello en el proceso de ejecución.
  • En muchos casos, el tribunal suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que se presente la autorización administrativa que permita mover los fondos congelados legalmente.
  • Esto agrega una capa procedimental: el juicio no termina con la sentencia, sino con la obtención de la luz verde del regulador de sanciones.
• Asegurar que el pago se realice de forma conforme a la ley:
  • Por ejemplo, si se autoriza una ejecución contra un sancionado, el tribunal puede disponer que el pago del deudor se ingrese directamente en una cuenta controlada por una entidad pública o congelada, y no en manos libres del acreedor, garantizando así el seguimiento del dinero.
  • Asimismo, las instituciones financieras involucradas deben ser notificadas de la situación para que cumplan con su obligación de bloquear los fondos inmediatamente tras la transacción.
• Documentar la razón de cualquier denegatoria de ejecución basada en sanciones, para fines de posibles revisiones o comunicaciones diplomáticas.
  • Dado que estas situaciones son relativamente novedosas, los jueces tienden a fundamentar ampliamente cómo la ejecución atentaría contra el orden público internacional (i.e., contravendría un Reglamento UE) para dejar claro que no se trata de ignorar una sentencia sino de acatar una norma superior.

Para los árbitros y las partes en arbitraje, las sanciones también imponen ajustes estratégicos:

• Debida diligencia en designaciones: Desde el inicio de un arbitraje comercial, conviene verificar si alguna de las partes (o sus propietarios mayoritarios) está en las listas de sanciones.
  • Si es así, las instituciones arbitrales deben evaluar si pueden administrar el caso (algunas adoptaron protocolos para casos con sancionados) y las partes deben prepararse para posibles obstáculos en costas, pagos de honorarios y, por supuesto, en la fase de ejecución del laudo.
• Argumentación jurídica sobre sanciones: Es recomendable que durante el arbitraje se aborde expresamente el impacto de las sanciones en las obligaciones contractuales y en las posibles reparaciones.
  • Los árbitros pueden invitar a las partes a presentar alegaciones adicionales sobre cómo las sanciones afectan la ejecución del laudo final.
  • Esto permite al tribunal arbitral tomar una decisión informada, por ejemplo, modulando el tipo de remedio otorgado (como vimos en el caso Stankoimport vs. Reibel, donde se optó por la restitución del pago en vez de daños lucrativos para no violar las sanciones).
• Laudo con miras a la ejecutabilidad: Si bien no es función del árbitro garantizar la ejecución, en la práctica muchos tribunales arbitrales buscarán dictar laudos que no sean meramente simbólicos. Esto puede implicar no condenar a prestaciones imposibles o ilícitas bajo sanciones vigentes.
  • Por ejemplo, un laudo podría abstenerse de ordenar a una parte sancionada que entregue un bien cuya exportación está prohibida, sustituyéndolo por otra forma de compensación que no infrinja la normativa.
  • Igualmente, el laudo podría reconocer que cualquier pago debido a un sancionado quedará sujeto a las leyes de control de activos, reflejando así la realidad legal para evitar posteriores choques con tribunales estatales.
• Comunicación con instituciones y terceros: En ocasiones, las instituciones arbitrales actúan como puente con las autoridades para esclarecer dudas (como sucedió con la Comisión Europea y el alcance de las sanciones financieras, que originalmente generó inquietud sobre si impedía administrar arbitrajes con entidades públicas rusas). Las partes también deben estar preparadas para involucrar a sus gobiernos nacionales si se requiere alguna gestión diplomática o excepción especial, especialmente en arbitrajes de alto perfil o inversión extranjera.

En todos los casos, un principio esencial es la transparencia y previsión: las empresas y particulares deben ser conscientes de que ganar un pleito contra (o a favor de) un sancionado puede no traducirse en un resultado efectivo inmediato.

Es aconsejable buscar asesoramiento especializado en sanciones internacionales durante todo el proceso de litigio o arbitraje, de modo que la estrategia legal incorpore desde el principio las peculiaridades de este régimen (por ejemplo, recabando pruebas sobre fechas de listados, solicitando licencias con antelación, o estructurando acuerdos de forma que los pagos se canalicen legalmente).

Conclusiones

La guerra de Ucrania y las consecuentes sanciones de la UE a Rusia han introducido una capa de complejidad sin precedentes en la ejecución transfronteriza de resoluciones judiciales y arbitrales.

El fundamento jurídico de las sanciones –congelación de activos y prohibición de puesta a disposición de fondos– prevalece sobre las reglas habituales de cumplimiento de sentencias, configurando un verdadero límite de orden público internacional. En síntesis:

• Si el sancionado es acreedor, la ejecución a su favor quedará suspendida o neutralizada: no podrá recibir efectivamente pagos ni bienes mientras siga designado, más allá de ver sus derechos reconocidos nominalmente o depositados en cuentas bloqueadas.
• Si el sancionado es deudor, el acreedor enfrentará demoras y trámites adicionales para cobrar, debiendo encajar su reclamación en las excepciones reglamentarias y obtener la venia de las autoridades estatales. Incluso así, ciertas situaciones (como laudos posteriores a la sanción) permanecen sin solución clara bajo la normativa vigente.
• Los tribunales nacionales han adoptado un rol vigilante, rehusando ejecuciones que vulneren sanciones y requiriendo estricta prueba de cumplimiento normativo para autorizar cualquier movimiento de activos congelados.
• Los árbitros y las instituciones arbitrales están adaptando sus prácticas para garantizar que los procedimientos no se vean frustrados por sanciones –ya sea ajustando el alcance de los laudos o promoviendo cambios regulatorios–, pero reconocen que ciertas disputas pueden carecer de una vía de ejecución efectiva inmediata debido al régimen sancionador.

En última instancia, la eficacia de una sentencia o laudo en este contexto depende no solo de consideraciones jurídico-privadas, sino también de factores geopolíticos y de cumplimiento normativo internacional.

Hasta que las sanciones contra Rusia se levanten o se refinen las excepciones legales, la ejecución frente a personas sancionadas requiere un enfoque multidisciplinar y precavido, combinando la pericia litigiosa con el conocimiento exhaustivo del régimen de sanciones de la UE para navegar con éxito entre ambos mundos

Introduction

Russia’s war in Ukraine prompted an unprecedented wave of European Union sanctions, targeting hundreds of Russian individuals, businesses and state entities.

These measures – part of the EU’s foreign policy response – go beyond diplomacy and deeply affect private commercial dealings.

One significant side effect has emerged in courtrooms and arbitration tribunals: the enforcement of commercial judgments and arbitral awards involving sanctioned parties has become fraught with legal obstacles.

This article examines how the EU’s sanctions against Russia (especially asset freezes and bans on providing funds) interfere with the normal enforcement of judgments and awards.

We outline the legal basis of the sanctions, explain the impact on enforcing decisions in favor of sanctioned parties versus against them, and highlight real-world examples. We also discuss practical considerations for lawyers and arbitrators navigating these sanctions in commercial disputes.

EU Sanctions on Russia: Legal Basis and Asset Freezes

EU sanctions (termed “restrictive measures”) are imposed through Council decisions and regulations that are directly binding in member states.

A cornerstone of the Russia sanctions is the asset freeze, coupled with a prohibition on making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Under Council Regulation (EU) No. 269/2014 (as amended following the Ukraine invasion), all funds and assets belonging to persons designated in Annex I are frozen, and “no funds or economic resources” may be provided to or for the benefit of those sanctioned persons.

In essence, a listed Russian oligarch, bank, or company is financially quarantined: their bank accounts, property, and economic interests in the EU are immobilized, and no one in the EU can transfer money or assets to them – even to fulfill a contract or judgment – without special permission.

The terms “funds” and “economic resources” are defined broadly.

They include not only money but also tangible or intangible property and legal rights that can be used to obtain funds or goods.

Freezing such assets means no movement, transfer, alteration, use, or dealing in those assets that would change their amount, location, ownership, or destination.

The ban on making funds available likewise catches any direct or indirect provision of value – preventing attempts to bypass the sanctions via intermediaries or alternate routes.

Importantly, sanctions extend to entities owned or controlled by a listed person: an EU company that is, say, 51% owned by a sanctioned individual may itself be treated as “frozen” unless it can prove independence.

These restrictive measures are backed by criminal or administrative penalties in EU states, underscoring that compliance is not optional.

With this legal framework in place, we turn to how it disrupts the enforcement of legal decisions involving sanctioned parties.

Enforcing Judgments or Awards in Favor of Sanctioned Parties

Consider a scenario where a Russian company or individual on the EU sanctions list wins a commercial court judgment or an arbitration award, meaning the sanctioned party is the creditor entitled to payment or assets.

Enforcing such a decision in the EU runs headlong into the sanctions regime:

• Asset freezes bar payment: If an EU court orders a non-sanctioned party to pay money to a sanctioned entity, that payment would violate the prohibition on making funds available to a listed person.
  • The debtor cannot lawfully pay, and banks will block any attempt to transfer funds to the sanctioned creditor.
  • In effect, the sanctioned winner is prevented from collecting their judgment/award as long as sanctions remain in force.
• No voluntary compliance without license: Because paying a sanctioned party is illegal without authorization, a judgment debtor who withholds payment due to sanctions is generally protected by law.
  • EU regulations even contain “no claims” clauses preventing designated persons from enforcing claims if doing so would circumvent sanctions.
  • Thus, for example, EU sanctions law prohibits satisfying claims for indemnity or damages if such claims are brought by sanctioned persons and arise from a contract or transaction that was halted due to sanctions.
  • In other words, a sanctioned claimant cannot demand compensation for a deal gone wrong because sanctions made performance impossible.
• Courts won’t compel illegal acts: Courts in Europe will not compel a party to perform an obligation that violates sanctions.
  • In a similar UK context, for instance, the English courts have held that they will not order someone to pay a debt to a person subject to an asset freeze, since that obligation has become unenforceable by law.
  • By the same token, an EU court asked to recognize or enforce a foreign arbitral award in favor of a sanctioned claimant can refuse if it would result in an illegal payment.
  • Article V(2)(b) of the New York Convention allows refusal of award enforcement on public policy grounds, and violating EU sanctions is undoubtedly contrary to public policy in EU states.
  • As a Spanish arbitration guide notes, an award involving a sanctioned party may be deemed contrary to public policy by courts in a sanctioning country if enforcing it would flout sanctions.
• Practical stalemate: The upshot is that sanctioned creditors are essentially stuck.
  • They may possess a valid judgment or award on paper, but they cannot receive the money or property owed – at least not until sanctions are lifted or a special exemption is obtained.
  • EU authorities rarely if ever license payments to sanctioned persons except for narrow humanitarian exceptions (e.g. funds for basic needs or legal defense).
  • Notably, Article 5 of Regulation 269/2014 permits licenses to unfreeze funds to give effect to certain judicial decisions, but one of its conditions is that the decision must not benefit a listed person.
  • This means the derogation mechanism cannot be used to pay a sanctioned winner; it is intended only to assist third-party (non-listed) creditors.

In sum, a sanctioned individual or company can bring a lawsuit or arbitration (being on the sanctions list does not bar access to courts or tribunals), and they can obtain a judgment on the merits.

However, enforcement of that judgment is thwarted by the asset freeze.

The sanctioned party, as creditor, will likely have to wait until they are delisted or sanctions end before they can actually collect any award.

Any attempt by a sanctioned party to force payment sooner (for example, by contempt proceedings) would be blocked by the overriding mandate of the sanctions regulations.

Enforcing Judgments or Awards Against Sanctioned Parties

Now consider the reverse situation: a sanctioned Russian entity is the judgment debtor – they owe money or must comply with an award in favor of a non-sanctioned party.

At first glance, one might think the sanctions make it easier to grab the debtor’s assets (since they’re already frozen). In reality, the opposite is true: sanctions make enforcement more complicated for the winning party:

• Frozen assets cannot be seized without approval: Under EU law, all assets of the sanctioned debtor in the EU are frozen in situ by operation of law.
  • Any step to attach, garnish, or transfer those assets to the creditor would “result in a change in their…destination,” breaching the asset freeze.
  • In the landmark Bank Sepah case, the Court of Justice of the EU (CJEU) confirmed that no enforcement or precautionary measure may interfere with frozen funds absent government authorization. The CJEU held that allowing a creditor to attach frozen funds (even for a pre-sanctions debt) would violate the freeze by altering the status of those assets.
  • Following this logic, the French Court of Cassation ruled in 2022 that creditors holding a billion-dollar arbitral award against Libya’s sovereign fund (a sanctioned entity) could not seize about $300 million of that fund’s assets in France without prior approval from sanctions authorities.
  • Simply put, a winning claimant cannot unilaterally enforce against frozen property – the sanctions create a legal blockade.
• Licensing path – Article 5 derogations: EU regulations do allow creditors to apply for a license (permission) to enforce against a sanctioned debtor’s assets in certain situations.
  • Article 5 of Reg. 269/2014 empowers Member State competent authorities to authorize the release of frozen funds to satisfy a judicial or arbitral claim, provided strict conditions are met.
  • These conditions include:
    • (1) the judgment or arbitral award was rendered before the debtor was listed (or, if it’s a post-listing judgment, that it was issued by a court in an EU Member State);
    • (2) the funds will be used exclusively to fulfill that specific legal claim;
    • (3) the payment will not benefit any other sanctioned person; and
    • (4) recognizing/enforcing the decision would not contravene public policy.
  • For example, if a European company obtained an arbitral award against a Russian entity in 2021 (pre-dating sanctions) and the Russian party was later sanctioned, the European creditor can seek a license to unfreeze the debtor’s assets to pay the award.
  • The authorities will verify that the money goes only to the creditor (who is not sanctioned) and that the sanctioned debtor isn’t profiting (apart from discharging its debt). If satisfied, they may grant a license, effectively carving out an exception to the freeze so the judgment can be enforced.
• Regulatory hurdles: In practice, obtaining such a derogation can be slow and uncertain.
  • Applications must be made to the national sanctions authority (for instance, the Ministry of Finance or central bank in a given EU country), documenting the judgment or award and how the criteria are met.
  • Reviews are strict – authorizations are not routine and are often granted only after weeks or months of vetting.
  • The volume of sanction relief requests since 2022 means delays are common, although urgent cases (e.g. risk of asset dissipation or insolvency) might be prioritized.
  • It’s worth noting that a license is discretionary; even if you check all the boxes, political and policy considerations can influence the outcome.
• Workarounds and examples: Creditors and courts have explored creative means to enforce without violating sanctions.
  • One novel example arose in Ireland in 2023: two EU-based subsidiaries of a major Russian leasing company (GTLK) were sanctioned, which froze their assets.
  • Creditors owed ~$175 million petitioned for the Irish High Court to liquidate those companies. Once liquidators were appointed, the court held that the Russian parent’s control was severed – the entities were no longer under sanctioned control.
  • This allowed certain assets to be unfrozen and sold for the benefit of creditors.
  • In essence, the insolvency process created a “firewall” between the sanctioned owner and the assets, opening another avenue to recover value. Such cases are complex and dependent on specific facts, but they demonstrate that with court supervision and strict safeguards, enforcement can proceed in line with sanctions.
• Enforcement in non-EU jurisdictions: If a creditor tries to enforce against a sanctioned party’s assets located outside the EU, EU sanctions don’t legally bind foreign courts – but practical obstacles loom.
  • For instance, assets in Russia itself are effectively unreachable (Russian authorities have banned compliance with foreign judgments and have their own countersanctions in retaliation).
  • Assets in friendly third countries might be enforceable, but if any transaction ultimately touches the EU or U.S. financial system, sanctions could still be triggered.
  • Creditors must therefore map out where assets are and whether local laws or banks will freeze them due to global sanctions coordination.

In summary, having a judgment or award against a sanctioned Russian party does not guarantee a payday. The winning party must either wait out the sanctions, negotiate some sanctioned-compliant settlement, or navigate the licensing regime – all while ensuring they do not run afoul of the strict prohibitions on dealing with frozen assets.

Real-World Examples and Case Highlights

The interplay of sanctions and judgment enforcement is not theoretical; a number of cases across jurisdictions illustrate the challenges:

• EU Court blocks attachment (CJEU – Bank Sepah):
  • An Iranian bank (Bank Sepah) was under EU sanctions when U.S. creditors sought to enforce a French judgment against it.
  • In 2021, the CJEU held that no precautionary attachment could be permitted on Bank Sepah’s frozen funds, because that would constitute a prohibited change in the assets’ destination under the EU sanctions regulation.
  • This clarified that even securing a debt via court lien is forbidden without a sanctions license.
• French Arbitration Award vs. Libyan Fund: In Société Africard v. Libya (2022), creditors holding an arbitral award tried to attach funds of the Libyan Investment Authority (LIA) in France.
  • LIA was an EU-sanctioned entity with hundreds of millions frozen.
  • The French Court of Cassation echoed the CJEU’s reasoning – it quashed the attachments, ruling that LIA’s frozen assets could not be seized absent prior approval from the French sanctions office.
  • The creditors were left to pursue a license or await a diplomatic resolution.
• Sanctioned claimant in Ukrainian courts: In 2019, Ukraine’s Supreme Court dealt with a case (JSC Avia Fed Service v. Artem) where a Russian defense contractor under Ukrainian sanctions sought to enforce an arbitration award against a Ukrainian state entity.
  • The lower courts had refused enforcement on public policy grounds (due to the sanctions).
  • The Supreme Court eventually allowed enforcement, reasoning that the award itself was not about a sanctioned transaction and that the receivable (the debt under the award) wasn’t yet the property of the Russian company and thus not a frozen asset.
  • This nuanced decision underscored that courts might draw fine distinctions – here, permitting recognition of the award while acknowledging that any actual payment would still be subject to sanctions constraints.
  • The case highlights differing approaches to whether a sanctions regime automatically bars enforcement, with Ukrainian courts balancing sanctions against obligations under the New York Convention.
• Liquidation of GTLK Europe (Ireland, 2023): As mentioned, Ireland’s High Court approved the liquidation of two Dublin-based leasing firms owned by Russia’s GTLK, which were under EU asset freeze.
  • The court found that once independent liquidators took over, the companies were no longer controlled by the sanctioned parent, allowing their previously frozen assets to be sold off for creditors’ benefit.
  • This creative use of domestic insolvency law provided a rare success story for enforcement against a sanctioned debtor, though it required court oversight and did not benefit the sanctioned company (which lost its assets).
• “No claims” shield in action: Throughout Europe, there have been instances where sanctioned Russian parties attempted to claim force majeure or contract frustration damages when deals fell apart due to sanctions.
  • Thanks to explicit provisions in EU regulations, such claims have been dismissed or rendered moot – an illustration being that a Russian oligarch cannot sue an EU business for terminating a contract because continuing it would violate sanctions.
  • The law simply does not allow the sanctioned person to gain legally from a sanctions-induced breach.

These examples collectively show that courts are generally upholding the primacy of sanctions over private enforcement. Whether it’s an international bank, a sovereign wealth fund, or a defense company, being on a sanctions list dramatically alters the litigation/arbitration landscape. Creditors face additional hoops to jump through, while sanctioned creditors find doors closed until further notice.

Practical Considerations for Lawyers and Arbitrators

The intersection of EU sanctions and dispute resolution requires careful navigation. Legal practitioners dealing with cross-border commercial disputes should keep in mind the following:

• Due Diligence on Parties: At the outset of any litigation or arbitration, check whether any party (or its owners/affiliates) is listed under EU sanctions.
  • Sanctions lists are updated frequently, especially in the volatile Russia context.
  • If a party is designated (or becomes designated during proceedings), you must assess the impact on case strategy and your own ability to continue representation.
• Proceedings vs. Enforcement: Remember that a sanctioned party can participate in legal proceedings – they can file claims, defend cases, and even obtain judgments.
  • The EU has carve-outs ensuring the sanctioned person’s right of access to justice (for example, allowing funds to be unblocked for reasonable legal fees with authorization).
  • As counsel, you may represent a sanctioned client, but you will likely need a license to get paid for your services.
  • Distinguish between winning the case (which sanctions law doesn’t forbid) and enforcing the outcome (which is where sanctions bite).
• Stay Updated and Flexible: The sanctions landscape is dynamic.
  • New EU packages (the EU had adopted 15 rounds of Russia sanctions by the end of 2024) can expand or adjust the rules – for example, recent packages have refined definitions and introduced further restrictions on services.
  • Court interpretations are also evolving as cases work their way through national courts and the CJEU.
  • What is impossible today (e.g. seizing a frozen yacht to satisfy creditors) could be revisited by lawmakers or become possible under a later framework (for instance, if the EU creates a fund for Ukraine using frozen assets, private claims might conceivably piggyback on that process).
  • Always verify the current regulations and seek guidance if in doubt.
  • Non-compliance carries severe risks, but so does inaction – so lawyers must thread the needle carefully, ensuring they neither violate sanctions nor fail to pursue their client’s legitimate interests.
• Strategy for Claimants (enforcing against a sanctioned debtor): If you are pursuing a claim against a potentially sanctioned opponent, plan ahead for enforcement. Identify assets and their locations early.
  • Consult sanctions experts on whether a license might be obtainable for those assets if you win.
  • It may be prudent to initiate recognition of your judgment/award in an EU jurisdiction (to qualify as a “decision rendered in the Union” for derogation purposes).
  • Be prepared for enforcement to take extra time – build that into settlement discussions and client expectations.
  • In negotiations, the existence of sanctions might actually give a sanctioned debtor less leverage (since they cannot easily use or hide assets), but it also means you cannot access those assets readily.
  • Creative solutions like escrow arrangements can be explored: for instance, the debtor could agree to pay into a blocked account under the control of an EU trustee.
  • The funds would remain frozen (the sanctioned creditor can’t touch them), but the debt is technically paid – awaiting a future unblock. Such arrangements, however, must be vetted with authorities to ensure they don’t amount to sanctions circumvention.
• Strategy for Defendants (owing a sanctioned party): If your client owes money to a sanctioned entity (say, a Russian supplier who is now blacklisted), recognize that you cannot pay them without authorization.
  • Simply refusing to pay due to sanctions is typically justified – indeed mandated – under EU law.
  • However, it is wise to notify the competent authority and perhaps even seek an official comfort letter or license if there’s any ambiguity.
  • Keep clear records of communications citing the EU regulations to avoid later claims of wrongful non-payment.
  • Also, consider paying into court or an escrow as a sign of good faith (subject to it remaining frozen), which might stop interest from accruing while not releasing the money to the creditor.
• License Applications: When applying for a sanctions derogation to enforce a judgment, make a compelling case that all legal conditions are met.
  • Provide the text of the judgment/award, proof of dates (to show if it pre-dates listing or was issued by an EU court), and evidence that the beneficiaries of enforcement are not sanctioned parties.
  • Demonstrating that funds will go to innocent third-party creditors (and not enrich the sanctioned debtor) is key.
  • Also address public policy – e.g. if the debt arose from a routine commercial deal unrelated to the sanctioned person’s offending activities, mention that.
  • Engage with the authority proactively and be prepared for follow-up questions. Given processing times, file applications as early as possible.
• Arbitration Clauses and Seats: For contracts involving Russian counterparts, lawyers now draft arbitration clauses with sanctions in mind.
  • Choosing a neutral seat of arbitration outside the EU might avoid EU sanctions law during the proceeding, but enforcement in the EU will still trigger EU sanctions compliance if assets are there.
  • Some contracts include provisions that any payment owed to a sanctioned party will be suspended until lawful to pay, to clarify the parties’ obligations.
  • Arbitrators are increasingly aware of sanctions issues – parties may raise sanctions as a force majeure or illegality defense in contract cases, or request procedural orders to accommodate sanctions (for example, extensions if a party has trouble paying arbitral fees from frozen accounts).
  • Arbitrators should give due regard to sanctions as part of the lex fori executionis (law of the place of enforcement) when crafting awards. While they cannot violate applicable law, they can, for instance, order a payment subject to compliance with applicable sanctions – effectively acknowledging that enforcement may be delayed.

Conclusion

EU sanctions against Russia have introduced a powerful public-policy overlay to commercial litigation and arbitration. Enforcing a judgment or award is no longer a straightforward procedural matter if one of the parties is blacklisted by the EU. Instead, lawyers must navigate a dual regime: the normal rules for enforcement and the exceptional rules of sanctions law.

For sanctioned creditors, the reality is harsh – they may win in court but not in fact, as their victories are pyrrhic until they regain access to the global financial system. For claimants enforcing against sanctioned debtors, patience and regulatory savvy are essential; with effort and often creativity, one may still recover assets, but it’s a slower and more convoluted journey than before.

Ultimately, the policy goal of sanctions is to exert maximum pressure on Russia while minimizing unintended harm. In the legal arena, this translates to a careful balance: courts and authorities strive to uphold the rule of law and honor valid judgments without allowing sanctioned actors to bypass financial restrictions. As the war and sanctions persist, legal practitioners must remain vigilant. By understanding the sanctions framework and planning accordingly, they can ensure compliance while effectively advocating for clients – even on this new legal battlefield where geopolitics and commercial enforcement intersect.

Sources:

• Council Regulation (EU) No. 269/2014 (as amended) – Asset freeze and funds provision prohibitions
• CJEU Judgment in Bank Sepah v. Overseas Financial Ltd (Case C-340/20, 11 Nov 2021) – attachment of frozen funds constitutes an unlawful change of destination
• Global Investigations Review – Crucial sanctions challenges in civil litigation and arbitration (analysis of enforcement and legal services under sanctions)
• Linklaters blog – EU sanctions prevent creditors from attaching frozen assets (French Cour de Cassation rulings on Libyan Investment Authority case)
• William Fry – Applying for a Derogation under EU Regulation 269/2014 (Article 5 licensing conditions and Irish GTLK case study)
• UIA (Union Internationale des Avocats) – Guía Práctica: Sanciones Económicas y Arbitraje (impact of sanctions on award enforcement and public policy)
• Global Investigations Review – Guide to Sanctions, 5th Ed. (no-claims clauses and illegality of paying sanctioned persons)
• Lexology – Enforcement of arbitral awards by sanctioned entities: public policy exception (Ukraine Supreme Court case analysis)